EXPLICACION SATISFACTORIA ANTES DE INDEMNIZAR CON 16 MDD A CHINA: PRD

El gobierno federal debe explicar satisfactoriamente a la ciudadanía, por qué fue cancelado abruptamente el contrato para construir el tren de alta velocidad Ciudad de México-Querétaro, cuya licitación habría ganado un Consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC), como lo anunció el pasado 3 de noviembre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Debe así mismo deslindar responsabilidades por esa cancelación, si las hubiera y en el caso de que existiera requerimiento de indemnización el tema deberá tratarse con total transparencia y hacerse del conocimiento de la Cámara de Diputados para su autorización.

La empresa China Railway Construction Corporation (CRCC), según analistas sufrió una caída de 4,94% en la Bolsa de Shanghái y de 5,76% en Hong Kong, por la decisión tomada el jueves 6 de noviembre, por el gobierno mexicano. Hecho que se dio el mismo día en el que MVS en su primera edición difundió un reportaje de la propiedad Angélica Rivera en Lomas de Chapultepec.

El PRD tiene información de que tres de las cuatro empresas mexicanas que participan en el consorcio de la CRCC, resultan ser propiedad de personajes ligados al PRI y al presidente Enrique Peña Nieto: Prodemex, pertenece a Olegario Vázquez Raña; Constructora Teya, dirigida por Juan Armando Hinojosa, amigo cercano de Peña Nieto, a quien desde que el presidente era gobernador del estado de México, de 2005 a 2011 se le han adjudicado contratos multimillonarios, además de ser el presunto acreedor de la cónyuge del Presidente por la Casa de Sierra Leona EN Lomas de Chapultepec; y GIA+A, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas de Gortari; siendo hasta el momento, GHP Infraestructura Mexicana, la única que no cuenta con vínculos visibles.

Todo ello pudiera constituir una causal de responsabilidades de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Sin embargo, los órganos encargados de la fiscalización como es la Auditoría Superior de la Federación y el propio Congreso de la Unión deben ser informados y proveídos de la documentación respectiva para dictaminar la validez de las razones de la determinación.

Ayer por la mañana, de acuerdo con información del diario South China Morning Post, se dio a conocer que el gobierno de México habría pagado al consorcio chino 16 millones de dólares como compensación. En entrevista con éste diario, el profesor Wang Mengshu, quien es asesor del gobierno chino para proyectos de alta velocidad ferroviaria, aseguró que: "México ha pagado al consorcio más de 100 millones de yuanes en compensación por los costos que supuso la preparación del proyecto".

El pueblo de México tiene derecho a saber con toda precisión si es cierta o no la versión del funcionario chino, el profesor Mengshu, y que los medios asiáticos han difundido, puesto que si habrá de indemnizarse, el gobierno federal debe decir con qué fundamento legal se realizará y de cual partida del presupuesto federal se está disponiendo para una erogación de la magnitud que se presenta, misma que afectará sensiblemente la capacidad para cubrir necesidades ingentes y obras necesarias que se dejarían de realizar.

Puesto que una afirmación de tal calibre a nivel internacional constituye un agravio que ningún gobierno debe permitir, si como sostiene Ruiz Esparza, la versión fuese falsa, por consecuencia lógica la cancillería mexicana debe reclamar al gobierno chino por las declaraciones de su funcionario. Como no hemos visto tal reclamo, la presunción natural es que la afirmación de que ya se pagaron los 16 millones de dólares es cierta, a pesar de la negativa de la SCT. Alguien está mintiendo y las leyes de China son tan extremadamente estrictas con quienes tratan con frivolidad asuntos de Estado, que para el PRD hay indicios suficientes para que el Congreso y la Auditoría Superior de la Federación abran una investigación y determinen con exactitud la verdadera situación.

El tema de una licitación de esta magnitud, su eventual cancelación y la presunta indemnización a la empresa ya adjudicada no puede tratarse ni con discrecionalidad, ni con superficialidad. Por ello, antes de indemnizar a cualquier empresa integrante del consorcio afectado, el PRD exige que el Gobierno Federal explique con claridad: porqué se canceló la licitación, quienes son los responsables y si procede que haya sanciones por incumplimiento de la Ley.

 

¡DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODAS Y TODOS!